Por fin tenemos una ley agrícola: los estados conservan la capacidad de eliminar los límites de activos.

El viernes pasado, tras meses de negociaciones, el presidente Obama promulgó la Ley Agrícola de 2014 (también conocida como Farm Bill).  Esta legislación, con una vigencia de cinco años, promulga políticas y autoriza programas de agricultura, comercio, mercadotecnia y otros, así como asistencia para el desarrollo rural. También establece los niveles de financiamiento y los criterios de elegibilidad para el SNAP, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (cupones de alimentos). Aunque el proyecto de ley final omitió los recortes de $40 mil millones de dólares al SNAP propuestos por la Cámara de Diputados, seguirá afectando a muchas familias de bajos ingresos. La nueva versión recorta $8,600 millones del programa durante la próxima década, además de los $500 millones recortados el pasado mes de noviembre, lo que significa que más de 664,000 habitantes de Misisipi y 597,000 de Arkansas verán recortada aún más su ayuda alimentaria en 2014 (véase el cuadro siguiente para conocer las cifras específicas por hogar).

Una reducción de más de $8 mil millones en alimentos para familias necesitadas no es motivo de celebración, especialmente porque el desempleo sigue siendo alto y el SNAP ha demostrado ser un programa muy exitoso contra la pobreza; sin embargo, hay un lado positivo. La Ley Agrícola mantiene el derecho de los estados a la “elegibilidad categórica amplia” (BBCE), lo que significa que los estados pueden aumentar o eliminar los límites de activos del SNAP.  Una versión anterior de la ley (H.Res. 361), presentada el otoño pasado, incluía una disposición para realizar recortes adicionales al SNAP mediante la eliminación de la BBCE. Eso habría establecido un límite federal de activos de 1,2 millones de dólares para el SNAP, lo que habría impedido a las familias recibir el SNAP incluso si reunían los requisitos para otros programas de asistencia gubernamental para personas con bajos ingresos. Esa versión también habría revertido 18 años de avances a nivel estatal en la reforma de los límites de activos, limitando la movilidad económica de muchas familias al obligarlas a gastar sus ahorros a largo plazo para recibir asistencia a corto plazo.

Esto significa que ahora depende de los estados aprovechar los beneficios del BBCE para las familias de bajos ingresos y la administración del programa. En 2013, Southern colaboró con los legisladores de Arkansas para aprobar la ley SB 911, ahora Ley 535, que exige al Departamento de Servicios Humanos realizar un estudio sobre los límites de activos para el SNAP y la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF). Este fue un paso positivo, pero debemos dar un paso más para eliminar por completo los límites de activos.

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